Nov 02

Contestación a una llamada del departamento de comunicación al Gobierno de España

El pasado 27 de octubre de 2017, el departamento de comunicación de la Asociación para la Defensa del Castellano, hizo una llamada a Moncloa para expresar nuestra indignación ante las últimas declaraciones del ministro Íñigo Méndez de Vigo. A nuestro juicio la pusilanimidad del gobierno ante los continuos ataques que los derechos de los castellanohablantes sufrimos en esta y en otras autonomías es intolerable.

Hoy hemos recibido la respuesta que ahora ponemos en vuestro conocimiento:

Estimado Sr:

Nos ponemos de nuevo en contacto con usted en respuesta a su llamada telefónica, en la que amplía al Presidente del Gobierno a través de este Departamento sus inquietudes en materia educativa a tenor de la aplicación del Decreto 9/2017, de 27 de enero del Consell.

Al respecto, le aseguramos que este Gobierno estudió, desde el primer momento, el Decreto al que usted alude, consciente de la problemática que subyace en él y sensible a todas las necesidades y planteamientos tanto de los ciudadanos, como del propio Gobierno de la Comunidad Valenciana.

Por ello, desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se mantuvieron contactos y reuniones con responsables de la Consejería de Educación de esa Comunidad, y se les presentó por escrito los puntos que se consideraban más problemáticos. En la respuesta emitida por la Consejería se valoró, además de su contenido, el hecho de que manifestara expresamente su intención de cumplir con la normativa estatal vigente.

Por otra parte, como sabe, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Valencia (TSJCV) ha declarado la nulidad parcial del citado Decreto por entender que vulnera el derecho fundamental a la igualdad y el derecho a la educación reconocidos por nuestra Carta Magna, al producirse una diferencia en el trato entre el valenciano y el castellano en los distintos niveles educativos y, en consecuencia, una discriminación de los alumnos que optan por una enseñanza mayoritariamente en castellano frente a los que eligen el valenciano como lengua vehicular, ya que estos últimos reciben más horas de docencia en lengua inglesa.

Asimismo, el TSJCV en su resolución apela a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a la vez que concluye que la norma introduce esa distinción arbitraria e injustificada entre las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana a cuenta del idioma inglés.

Llegados a este punto, nos gustaría subrayar que todo lo expuesto no es óbice para que la Administración General del Estado venga interponiendo, cuando proceda, los recursos pertinentes ante los Tribunales de Justicia competentes contra las actuaciones de la Administración autonómica y local, de acuerdo con la legislación vigente.

En su defensa permanente de los derechos y libertades de todos los españoles, este Gobierno está actuando de forma decidida y con todas las herramientas de las que dispone ante los gravísimos casos de adoctrinamiento en las aulas de los que tiene constancia, poniendo en marcha el procedimiento de la Alta Inspección del Estado y recurriendo a los Tribunales de Justicia, como acabamos de explicarle, cuando lo considera necesario.

Le transmitimos, asimismo, la confianza que el Gobierno tiene depositada en quienes trabajan en la Alta Inspección del Estado y en las diferentes comunidades educativas, al igual que en la vocación de entrega de los más de 650.000 docentes que desempeñan su función en nuestro país.

En cualquier caso, le recordamos que el Presidente planteó en su discurso de investidura el gran reto de alcanzar un Pacto de Estado Social y Político por la Educación, para lo que se está ya trabajando en el marco de la subcomisión de Educación del Congreso de los Diputados y en el Senado de España. Y es, precisamente, en el marco de este acuerdo en el que el Gobierno tiene previsto plantear una serie de medidas encaminadas a reforzar las competencias de la Alta Inspección del Estado respetando las competencias de las Comunidades Autónomas.

Puede tener la seguridad de que el Gobierno continuará ejerciendo sus funciones de control de la actividad normativa de las Administraciones educativas para que el ejercicio del derecho a la educación sea una realidad firme en todos los territorios del Estado español.

Reiterándole nuestra plena disposición para atender cualquier cuestión que desee plantear, le enviamos un cordial saludo, que hacemos extensivo a los miembros de la Asociación en Defensa del Castellano en la Comunidad Autónoma de Valencia,

Departamento de Comunicación con los Ciudadanos

Gabinete de la Presidencia del Gobierno
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